El diputado del PVEM y la legisladora del PRD, unidos por una misma causa: desestabilizar el gobierno de Cristina Torres Gómez.

Chin Gón / El Madrazo

Esta historia comienza con la diputada perredista Laura Beristáin Navarrete, quien siempre quiere llevar agua para su molino, en la confrontación que mantiene con la alcaldesa del  municipio de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, poniendo el tema de la concesión de Aguakan en el centro de la discusión. En su afán permitió que José Carlos Toledo Medina, del PVEM, se sumara y al unísono le reprocharan a Cristy su falta carácter para hacerle frente a los empresarios de la concesionaria o es que, insinuaron, ya le llegaron al precio.

Los diputados al borde del desequilibrio mental dijeron que

“el tema es que el cabildo no se ha amarrado los pantalones, y no ha puesto la mano firme para retirar esa concesión. De esos mil millones que tiene que pagar, no se debe de pagar nada, Aguakan ha violado todos los artículos que hay en el contrato y cláusula; se le puede quitar, solo que el gobierno actual le hace falta voluntad”.

Y entonces, ¿es un asunto del cabildo o de la alcaldesa?

A la Beristáin se le olvidó muy pronto que también ella fue una de las fuertes promotoras, en su campaña para la diputación, para retirar la concesión a Aguakan. Hasta ahora, poco o nada ha hecho desde su curul. Pero el que esa empresa se haya hecho de la concesión en una sesión de cabildo nocturna, también le compete a la diputada, ya que en ese tiempo, cuando Mauricio Góngora Escalante era el alcalde, la en ese entonces regidora Beristáin nada más no asistió a dicha sesión, y por supuesto, su voto no fue a favor ni en contra, pero tampoco de abstención.

La Beristáin ha criticado, con su hermano, Juan Carlos, el síndico municipal, las reuniones que realiza el cabildo con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), las cuales califican de estériles, pero de llegar a rescindirse el contrato que da vida a la concesión, ¿no sería Capa la que entraría al quite?

Los regidores solidarenses, así como la alcaldesa, estarían siguiendo el mismo ejemplo del municipio de Puerto Morelos, que ya decidió quitarle la concesión a Aguakan, pero ante la imposibilidad de Capa por administrar y operar el sistema de aguas,  hasta ahora la empresa sigue prestando el servicio.

También los diputados ocultan el hecho de que la concesión solo se podrá retirar, si se le paga a Aguakan el depósito millonario que hizo en la era borgista, cosa que hasta el mismo gobernador Carlos Joaquín González reconoció como imposible este año.

Los diputados “rebeldes”, por cierto, ya pidieron a otros dos, Juan Carlos Pereyra y Geny Juárez, unirse para echarle montón al cabildo de Solidaridad. (Fotos: Congreso del Estado / Quintana Roo Express)