Redacción El Madrazo

En Quintana Roo para nadie es un secreto que el gobierno estatal mantiene amordazados a los medios de información mediante convenios de carácter económico que se han convertido en un subsidio para las empresas, en especial, las de periódicos. El gobierno entonces dicta línea contra sus opositores, y no guarda ni las formas. El sábado pasado, Joselín Ávila Correa, esposo de la diputada local, la panista Trinidad García Argüelles, fue detenido y enviado al Centro de Retención Municipal, conocido popularmente como “El Torito”, por conducir en estado de ebriedad.

El domingo, mediante correos anónimos, operados por el gobierno estatal, se filtró información de la detención de Ávila Correa, con fotografías y un video, extraído de las cámaras de “El Torito”, que la mayoría de periódicos del estado publicó con inusitado despliegue. Sin corroborar la información, publicaron que el detenido consumía drogas, entre otras cosas.

El domingo, la diputada García Argüelles posteó en su página de Facebook, un largo manifiesto por el que rechazó las acusaciones contra su esposo, y amagó con llevar a instancias legales las “calumnias” difundidas.