La periodista y abogada fue la que investigó un desvío en los Fideicomisos de Promoción Turística, por parte de Juan Pablo Guillermo.

Agencia SIM / El Madrazo

La presidenta de la Asociación Civil “Somos tus Ojos”, Fabiola Cortés Miranda, desconfió de las presuntas órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Roberto Borge Angulo, las que no deberían ventilarse en los medios, porque se ven muy poco en los hechos, pues los detalles se reparten, lo que calificó de grave y de mediático, no judicial.

Abundó que en el caso de las órdenes de aprehensión puestas en la PGR se liberaron con las querellas de “Somos tus Ojos”, en el caso de las de la Fiscalía, fueron por las que puso la Gestión Pública.

Fabiola Cortés detalló que las dos órdenes de aprehensión, la de Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina Garcia Achach, no son tan serias, pues en el caso de esta última se ve que hubo una negociación. En el caso de Marrufo, legalmente debió haber alcanzado la libertad bajo fianza, esto se ve “como una especie de escarnio público, de alguna manera calmar el reclamo de los ciudadanos que se haga justicia”.

JUICIO POLÍTICO A JUAN PABLO GUILLERMO

La activista social informó que acudió al Congreso para reunirse con la Comisión Instructora del juicio político contra el ex secretario de Finanzas y Planeación de Roberto Borge Angulo, Juan Pablo Guillermo Molina.

Detalló que llegan para conocer los avances relacionados con el tema, pues la Comisión tiene facultades investigadoras, para conocer los nuevos elementos del juicio, que la reunión fue convocada por el presidente de la Comisión, Emiliano Ramos Hernández.

Reprochó que la constante en las investigaciones es una lentitud, “tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como de la Fiscalía General del Estado, pero hay que ver que está sucediendo, porque no es una cuestión política, sino que esto debe pasar al pleno y el pleno debe determinar si existen elementos y entonces dar vista al Ministerio Público”. Mencionó que este tema se debe convertir en una cuestión ministerial.

Habló sobre la práctica que realizan algunos ex funcionarios de devolver algunos predios, pero con esta acción aceptan la comisión de un delito, de una ilegalidad, “me parece gravísimo porque hablamos del presidente magistrado del tribunal (Fidel Villanueva), la autoridad encargada de la impartición de justicia en el estado, que se benefició ilícitamente de la adquisición de 130 hectáreas, que es del ejido de Cozumel”.

La también abogada aclaró que estas no eran tierras del Patrimonio del Estado, sino del ejido, así que el Comisario hace esta investigación y es cuando Fidel Villanueva decide reintegrar estas tierras al núcleo ejidal. No debe haber impunidad.

Aunque se acojan a la reparación del daño, pues tienen que responder a la justicia, aclaró.