Don Beto y su pandilla a salto de mata

Roberto Borge y su pandilla

El 5 de septiembre, la Auditoría Superior del Estado entregará el resultado de 400 auditorías, de la pandilla del ex gobernador.

Chin Gón / El Madrazo

Como si fuera una pesadilla, los ex funcionarios de primer, segundo y tercer nivel de la pasada administración ya no están tan contentos como cuando estaban en el cargo, pues está en puerta que la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregue al Congreso a más tardar el 5 de septiembre, el resultado de cerca de 400 auditorías que se llevan a cabo en tres rubros: obra pública, aplicación de recursos públicos y el desempeño en sus respectivos cargos.

Como si fuera el 3 de 3, estos resultados permitirán a los diputados tomar las decisiones en cuantos a las sanciones que se le apliquen a los ex funcionarios borgistas, que van desde denuncias penales, que serían como 20; procesos de inhabilitación que van de los cinco a los 20 años, dependiendo del daño hecho a los quintanarroenses; y el tercer castigo sería que resarzan el daño hecho al patrimonio del estado.

Bien lo explica el travieso de Emiliano Ramos, que Roberto Borge Angulo solo debe ser extraditado por el delito que se señaló en la detención, pero no evita que cuando enfrente este proceso, se le puedan acumular más órdenes de aprehensión. Porque habrá más denuncias de parte de la Legislatura, pero eso sí, no se le puede enjuiciar por todo al mismo tiempo, pero vienen más denuncias en su contra.

Ramos Hernández dijo que se revisaron cuentas del 2015, donde se aplicaron auditorías a 53 entidades, las que multiplicadas por tres, pues dan 165 porque se revisan en obra pública, financieras y de desempeño; además las del 2016, que son 67 entidades fiscalizables en los tres rubros antes mencionado. Así que son casi 400 auditorías las que serán entregadas, en algunas de ellas ya vendrán los procesos penales indicados, especificó.

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Ya en la colita. Ser periodista es peligroso en Quintana Roo. Primero fueron colocadas narcomantas en contra de dos neocomunicadores de la entidad, Amir Ibrahim y Pedro Canché, donde se les advertía que le bajaran a sus denuncias en sus respectivos portales. Asunto que ya es tratado hasta por la PGR por ser un asunto no poco menor de amenaza de muerte.

Luego el 1 de agosto, dos periodistas de igual número de medios fueron agredidos por personal de una plaza donde se asientan las oficinas Recaudadoras de Rentas de Cozumel, a quienes se les golpeó, insultó y hasta se les dio con la cubeta por estar tomando unas fotos para ilustrar la nota del día. Este hecho ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado, bajo el número de caso FGE/QR/COZ/08/991/2017, con su respectiva Carpeta de Investigación y en la unidad de Atención Temprana Penal.

Y el miércoles 2 de agosto, le tocó el turno a la reportera Perla Martínez, del Canal 10, quien se presentó en la oficina del Registro Civil de Playa del Carmen para hacer su nota; “entré y me encontré a la directora (Ángeles Celita Tapia Cervantes) hablando por teléfono, me agredió físicamente tirándome la cámara y rompiéndola, diciéndome que no podía estar aquí, después mandó a dos hombres a sacarme con lujo de violencia”; ya también su causa está en manos de la Fiscalía bajo la carpeta de investigación VA/SOL/155/2017. La reportara señaló que este tipo de directores no debe estar en funciones, pues a todas luces se ve que no tiene la capacidad para desempeñar el cargo. ¿Qué alguien me explique qué pasa? (Foto: La Razón Quintana Roo)

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